• En el Perú, el único servicio de escala NACIONAL que puede influenciar directamente en los estereotipos de género que perpetúan la violencia, es el servicio educativo (los demás tienen repercusión territorial limitada incluso los CEM). Sin embargo, en junio de 2024 todos conocimos como docentes violaban impunemente a alumnas en la provincia de Condorcanqui, y presenciamos como la ministra del MIMP y el ministro del MINEDU relativizaron la gravedad de la violencia sexual.

• En el Perú, el 80% de mujeres víctimas de violencia que deciden denunciar acuden a la Comisaría. Sin embargo, hace unos días, todos conocimos como un policía denunciado por violación sexual, seguía en actividad, y así habría cometido feminicidio contra otra joven más. Además, nuevamente presenciamos como la ministra de la mujer volvió a relativizar los hechos y escudarse en su desconocimiento de la reforma policial.

Al igual que la región, en el Perú vivimos momentos de retroceso. El presupuesto para enfrentar la violencia contra las mujeres se ha incrementado simbólicamente (ver PL de presupuesto 2025), ni siquiera alcanza para los compromisos asumidos por este propio gobierno (por ejemplo el nuevo cronograma del SNEJ). Y en términos institucionales, no solo desaparecieron la Dirección General de Transversalización del Género, sino que ahora está un curso un proceso de fusión MIMP – MIDIS en el silencio más cómplice.

Lamentablemente, en este momento, la estrategia para sobrevivir no ha sido reinvidicar y argumentar a favor de la igualdad de género y el enfoque de género, como debiera ser. Por el contrario, se está poniendo todo lo avanzado al servicio de las poblaciones vulnerables, quizás sabiendo que así facilitan la fusión MIMP-MIDIS.

Así, lejos de avanzar en lo ya comprometido (el PPoR tiene 24 productos y se están ejecutando 9), solo se crean nuevas estrategias, con los mismos servicios de siempre, pero reordenándolos a otro propósito; como si llenar a los servicios de nuevos objetivos optimizara su trabajo, o generaría mejores condiciones en su prestación (lean la nueva estrategia Proteger para Prevenir).

No es ingenuidad. A estas alturas son decisiones políticas premeditadas. Estamos ante la abdicación de la obligación de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.