Ha pasado casi un año desde que Martín Vizcarra asumió la presidencia y casi un año desde que César Villanueva asumió el premierato. Ante la renuncia de este último, es momento de hacer un balance de lo que nos deja este gabinete; no uno de acciones concretas, las que seguro serán miles, sino uno que nos permita ver si estamos apostando por cambios a mediano o largo plazo.

Sin duda el tema que más se ha trabajado y visibilizado ha sido el de violencia. Ha sido muy positiva la creación del Sistema Especializado de Justicia contra la violencia que involucra a la PNP, el MInisterio Público y el Poder Judicial, así como la creación del Programa Presupuestal Multisectorial contra la Violencia, aprobado por ley, pero propuesto también por el Poder Ejecutivo. Asimismo, se debe reconocer que con la creación de la Comisión Multisectorial de Emergencia en el mes de junio, se reactivó a la Comisión de Alto NIvel de la Ley 30364 y se involucró al MEF, además de los otros sectores comprometidos, en la lucha contra la violencia. ¿Y por qué decimos que estas medidas son importantes?, porque involucran a varias instituciones (no solo al MIMP) y contribuyen al trabajo estratégico y articulado. Sin embargo, siendo cruciales cada uno de los tres procesos, aún no se ven sus frutos. El cronograma de implementación del Sistema Especializado de Justicia ha sido publicado recientemente, casi dos meses después de lo previsto; los mecanismos para armar el Programa Presupuestal Multisectorial aún no se han instalado, y lo cierto es que salvo sus planes bianuales, la CMAN no aprueba casi nada relevante, estando pendiente incluso la aprobación del Protocolo Base de Actuación Conjunta previsto en la Ley 30364. En ese marco, uno de los grandes desafíos de este gobierno y de la gestión del nuevo o nueva Premier, es trascender de las acciones puntuales y aparentemente desarticuladas del Plan de Acción de la Comisión de Emergencia, y dar vida a procesos de más largo plazo, cuya pauta ya está aprobada.

El otro desafío que tiene el gobierno frente a la violencia, sigue siendo la prevención de la misma, la que históricamente ha sido relegada política y presupuestalmente; y que si bien presenta experiencias interesantes, no parece estar precedida de una estrategia integral y articulada. Respecto a la violencia, no olvidemos que los diferentes gobiernos han visibilizado siempre la atención de casos a través de los CEMs, los que se incrementan numéricamente cada año, pero cuyas deficiencias se mantienen según la Defensoría del Pueblo. Una decisión urgente y que no pudo adoptar el MIMP en esta gestión, fue la reforma del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, el que debe adecuarse a la Ley 30364 y a la dimensión de los servicios que ahora gestiona (CEM, Casas Refugio, Estrategias Rurales, etc.). Sin esta reforma, difícilmente las mujeres podrán acceder a mejores servicios.

Pero la agenda de la igualdad de género no se agota con la lucha contra la violencia. Solo el último PLANIG (2012-2017) hace referencia a generar cambios culturales, así como a garantizar el derecho a la educación, el derecho a la salud, incluyendo la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, y los derechos económicos, además de abordar el incremento de las mujeres en tomas de decisión y abordar su aporte en el manejo sostenible de los recursos naturales. Respecto a estos temas, y en algunos más que en otros, se han ejecutado acciones, pero no se han adoptado decisiones trascendentales que permitan cimentar procesos de cambio sostenido. De hecho, el gobierno ha incumplido con su ofrecimiento de aprobar la Política de Igualdad de Género ofrecida en julio de 2018 y que debería haber estado lista en el mes de diciembre.

Pese a este vacío, creemos importante reconocer el posicionamiento del gobierno frente al enfoque de género. Si bien al inicio, su intención de eludir la discusión fue francamente vergonzosa, el giro que dio a mediados del año pasado y la intervención del Ministerio de Educación en el debate, han sido gravitantes. Reivindicar el enfoque de género es fundamental si queremos entender la discriminación y la violencia contra las mujeres, por eso mismo, trasciende a la decisión que pueda tomar el Poder Judicial sobre el currículo escolar. Otro tema que el gobierno levantó de manera sostenida, pero que no defendió con el mismo énfasis, fueron las acciones afirmativas y la paridad en las propuestas del sistema de justicia y el sistema político. Ninguna ha sido aprobada, pero el debate se inició y difícilmente se podrá silenciar.

En todo este proceso, hablamos del gobierno en general, pues no queda claro a quién atribuirle, ni los aciertos, ni los desaciertos. César Villanueva inicialmente mostró su desconfianza a involucrarse en el debate sobre el enfoque de género, e incluso a priorizar el tema de violencia. Sin embargo, las medidas positivas se dieron, y tampoco parecen solo el resultado del trabajo del MIMP, el que en algunas ocasiones se ha mostrado tímido frente a coyunturas cruciales para las mujeres. Quizás el contexto, la presión mediática, la exigencia ciudadana y la asertividad política dentro de la Presidencia, la PCM y algunos sectores abonaron a dar un giro importante a mediados del año pasado, para ser precisas el giro fue evidente el día que Eyvi Agreda murió. Este salto importante en el tema de la violencia, no se dio necesariamente frente a los demás temas, de hecho aún nos preguntamos por qué  la Política de Igualdad de Género sigue sin aprobarse.

Así nos deja el primer año, así empezamos el segundo.

NOTA: Durante este año se han visibilizado casos de niñas embarazadas y obligadas a ser madres, incluso una murió hace unos días. ¿Qué responsabilidad ha tenido el Estado (MIMP, MINSA, etc.) en estos casos?, ¿Pudo evitarse esta situación?,  ¿Por qué no aplicaron el Protocolo de aborto terapéutico? son preguntas que el nuevo o nueva Premier debe hacerse, así como sus  ministros/as de la mujer y salud.