¿Debemos alegrarnos por las nuevas Generalas o recordar como las Fuerzas Policiales y luego la PNP han maltratado a las mujeres profesionales de la salud durante décadas?. Esa pregunta surgió cuando me hicieron ver que las dos nuevas Generalas no son efectivas policiales, sino personal de servicio con grado. Y lo cierto es que ambas cosas debemos hacer. Alegrarnos por el avance pero no olvidar lo que sufrieron y lucharon cientos de mujeres profesionales de la salud en la policía.

Y es que las mujeres enfermeras y médicas no han tenido un camino fácil. Si ahora tenemos dos GENERALAS es porque muchas mujeres lucharon intensamente, haciendo incidencia política, iniciando juicios, y alguna vez una huelga para que les reconozcan o les devuelvan el grado policial que ostentaban. 

Inicialmente, hace mucho tiempo y seguro porque no lo habían previsto, las mujeres de la Sanidad Policial podían ostentar grados policiales en la Guardia Civil (antecesora de la PNP); lo que de alguna manera fue regulado con el “Reglamento de Constitución, Situación y Plan de Carrera del Personal Profesional y Auxiliar de la Sanidad de Gobierno y Policía” (D.S. 12 del 31 de agosto de 1964). 

Sin embargo, en la Dictadura de Velasco, en el año 1969, se emitió el Decreto Ley 18072 (Ley Orgánica de la Sanidad de las Fuerzas Armadas) que estableció un trato diferenciados para las profesionales de la salud mujeres, frente a los hombres. Los profesionales de la salud hombres  podían tener grado policial, mientras que ellas serían empleadas civiles, lo que no solo significaba menos sueldo, sino también menos derechos y menos respeto en una institución tan jerarquizada. De pronto, las mujeres médicas y enfermeras que ostentaban grados policiales ya no los tenían.

En el año 1987, ya en democracia, se emitió la Ley 24173 ordenando que se restituyera en el Escalafón de servicios al personal profesional femenino de las ciencias médicas; norma que fue complementada por la Ley 25066. De alguna manera, pese al tiempo transcurrido, muchas médicas, enfermeras, obstetrices, volvieron a tener grado policial. 

Sin embargo, en el año 1993, ahora en la Dictadura de Alberto Fujimori, se emitió el Decreto Supremo 010 del 29 de diciembre de 1993, que dejó nuevamente en suspenso sus grados policiales, norma que fue complementada con los Decretos de Urgencia 029-97 y 030-97. 

Pocos años después, en 1998, se derogaron estos Decretos de Urgencia, sin embargo se aprobó la Ley 26960 y su Reglamento 066-98-IN, normas que fueron utilizadas para mantener a las profesionales de la sanidad como “empleadas civiles”. Esas normas establecían un procedimiento administrativo por el cual las profesionales de la salud beneficiadas con las leyes 24173 y 25066 que no se oponían formalmente a que se les retire el grado, lo estaban aceptando implícitamente; y si se oponían, el Ministerio del Interior las demandaría  para ver si les correspondía el grado pero además para requerirles  el pago de todo lo recibido demás en la época que eran oficiales. 

Durante todo ese tiempo, estas mujeres, sobre todo médicas y enfermeras, adoptaron medidas para que se les restituyera sus derechos. Buscaron apoyo en la Defensoría y en las organizaciones feministas. La Defensoría del Pueblo emitió una Resolución Defensorial e interpuso una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley y una Acción Popular contra el Reglamento. Como parte de DEMUS, yo misma patrociné a varias profesionales de salud a través de acciones de amparo. Todos estos procesos se ganaron; pues más allá de los argumentos establecidos por el Ministerio del Interior, era un caso de discriminación por sexo. 

La Policía Nacional del Perú, al igual de las Fuerzas Armadas, son instituciones jerárquicas, creadas desde un paradigma de masculinidad tradicional; en ese sentido, los procesos igualitarios llevan más tiempo.  Por eso, quiero recordar a María Rodríguez y Angela Félix, lideresas natas, quienes ostentaban grados policiales que les fueron arrebatados hasta en dos oportunidades por ser mujeres; ellas son parte del grupo de mujeres que intensamente lucharon por la igualdad en la PNP,  y quienes  han permitido que  hoy en el Perú  tengamos dos GENERALAS. 

Nota: Conocí a profesionales de salud que ostentaban el grado de capitanas, mayores y coronelas. No conocí a ninguna generala. Y es que en los periodos en los que se les quitaban los grados (que eran prolongados) también se suspendía la posibilidad de que pudieran aspirar a un ascenso. De hecho hay varias de estas profesionales, en especial enfermeras, que sino hubieran sido discriminadas tendrían un grado más al que ostentan en la actualidad y por ello siguen exigiendo sus derechos. Y sobre ellas también debería pronunciarse el MININTER.