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FUente: WEB DEL PODER JUDICIAL

Elecciones en el Poder Judicial, faltan pocos días y mucha transparencia

Publicado: 2016-11-28


Nos hemos acostumbrado a encuestas nacionales que muestran la baja aprobación del Poder Judicial, también a que uno u otro juez sea cuestionado mediáticamente por su mala labor; como si el problema fuera tan solo individual, más que institucional. Nos hemos acostumbrado a quejarnos del Poder Judicial pero también a no saber quiénes son sus autoridades, ni cómo funciona. Nos parece gravitante el sistema de justicia para luchar contra la corrupción así como contra la impunidad de los casos de violencia de género, pero no nos metemos en sus reglas, juegos de poder, presupuesto, etc.

Es un consenso que el sistema de justicia necesita una reforma, una que para ser legítima y respetar la división de poderes, debería surgir del mismo sistema; sin embargo, esta medida que es absolutamente necesaria, parece también muy difícil. Y aunque esperamos que el Acuerdo por la Justicia, promovido desde el Poder Ejecutivo, pueda enfrentar, asumir y salir aireado frente a este desafío, somos conscientes que es muy complejo.

Sin embargo, hay cosas que no debemos dejar sueltas. Hace un poco más de una semana, la designación de Víctor Ticona como Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, evidenció la ausencia de reglas que garantizan una elección transparente y adecuada de un cargo tan importante. Él, de acuerdo a la legislación vigente, fue elegido en voto secreto por los 19 vocales titulares supremos del país; no obstante, su postulación y posterior elección, significó la renuncia de su cargo como Presidente del Poder Judicial ad portas de una huelga nacional y la denuncia de hechos que relacionan su designación con elementos no relacionados a su capacidad o propuesta, sino al pago de favores.

Tomando en cuenta lo ocurrido, es preciso estar atentas al proceso de elecciones del próximo jueves 1ro. de diciembre. Ese día se definirá quien dirigirá la Presidencia del Poder Judicial y quienes lo harán en cada una de las 30 Cortes Superiores del país, durante los años 2017 y 2018. La Ley Orgánica del Poder Judicial solo establece que la Presidencia del Poder Judicial será elegida por los 19 Vocales Supremos Titulares que existen en el país; mediante voto secreto y por mayoría absoluta en primera vuelta o por mayoría simple en segunda. Igual criterio se aplica para la elección de los Presidentes de las Cortes Superiores del país.

En este proceso no existen reglas para la presentación de las postulaciones, la presentación de planes de trabajo, su exposición y debate; menos aún se prevé algún mecanismo que permita que la ciudadanía, alguna instancia estatal o privada, pueda participar como observadora de este proceso. En teoría, a la ciudadanía solo nos queda esperar los resultados y rogar que éste sea el adecuado.

Esta situación es muy grave. Quienes siguen de cerca las últimas elecciones de la Presidencia del Poder Judicial saben que el proceso de “incidencia” para definir la votación se suele jugar hasta horas antes de la elección y que para ello los “planes de gestión” no serían lo más gravitante. Intereses marcados por buscar lo mejor en el Poder Judicial hasta intereses relacionados con garantizar que determinado grupo tenga la hegemonía del poder, marcan la decisión de los votos. Lo mismo ocurre en las Cortes Superiores, aunque en estas puede ser definitorio el número de vocales superiores titulares que conforman las Salas Plenas. En algunos distritos judiciales con un número de electores grande (como Lima que tiene 105 vocales superiores titulares) será necesario un proceso de generación de propuesta e incidencia mayor; mientras que en los distritos judiciales pequeños (como Pasco que tiene 3 vocales superiores titulares o Tumbes que tiene 5) es más probable que funcionen reglas como el “turno” o pactos más individuales.

Como ciudadanía no votamos, sin embargo, no podemos solo “confiar” en procesos tan poco regulados y por lo tanto tan poco transparentes. Quien ocupa la Presidencia del Poder Judicial, también lidera la Sala Plena y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por lo que tiene un rol definitorio en la Política General de este Poder del Estado; asimismo, tiene la capacidad de definir las conformaciones de las salas, lo que le da margen de decisión sobre el destino de cada uno de los votantes (tanto de los que votan a su favor o los que votan en su contra). Esto mismo ocurre a nivel de los distritos judiciales.

En ese marco, a pocos días de la elección de estas autoridades, es preciso exigir que desde la Corte Suprema y en cada una de las Cortes Superiores nos informen sobre ¿Quiénes postulan? ¿Qué plan de gestión proponen?¿Cómo expondrán y debatirán sus propuestas?. Asimismo, la Sala Plena de la Corte Suprema, así como las Salas Plenas de cada una de las 30 Cortes Superiores deberían, en aras de la transparencia, invitar a instituciones y personas especializadas a participar de la sesión, presenciar la presentación de los planes de gestión y su debate. En esta elección los ciudadanos y ciudadanas no tenemos derecho al voto, pero deberíamos tener las condiciones para que una decisión tan importante sea transparente y refleje una disputa de posiciones por mejorar el sistema de justicia. Tenemos derecho, mínimamente, a evaluar si la elección fue la adecuada o no.

No podemos apostar por un país sin corrupción, un país con menos impunidad, un país con más igualdad de género, sino fortalecemos este Poder del Estado.


Escrito por

Jeannette Llaja

Abogada Feminista, con especialización en derechos humanos, derecho constitucional y género.


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