El país en su conjunto se ha visto conmocionado, una vez más, por las noticias de violaciones sexuales. No es para menos, una mujer muerta luego de días de agonía, y una violación perpetrada por la policía en una comisaría, afectan hasta el más indiferente.

Ante ello, la respuesta al unísono del gobierno, líderes de opinión, la mayoría, ha sido de indignación, rechazo y exigencia de la pena máxima para los perpetradores. Una respuesta comprensible, pero insuficiente, pues abona al pacto de silencio que prefiere hablar del castigo de la violación antes que de sus causas y la prevención.

Al respecto, ¿sabías que ser víctima de violación sexual en la niñez incrementa hasta en 3 veces la probabilidad de perpetrar violencia sexual en la adultez?; o que tener creencias estereotipadas que justifican la violación sexual o culpan a la víctima (mito de violación sexual) incrementa la probabilidad de la perpetración de violaciones sexuales, al igual que si se presentan masculinidades basadas en la dominación. Incluso hay mas probabilidades de perpetrar este delito, si existe presión de los pares respecto a la actividad sexual; y se ha encontrado correlación entre la prevalencia de la violencia sexual y el consumo de alcohol o de pornografía (1).

Si sabemos las causas, entonces ¿Por qué nos centramos solo en la sanción?, quizás porque la prevención te compromete a resultados de largo plazo, y en países donde la institucionalidad pública y la política es tan precaria, eso no da réditos.

Pero hay otro elemento para este silencio, el relacionado a los espacios de disputa que reivindican los sectores conservadores del país, me refiero al sector educación y de salud; espacios que han sido foco de ataques y retrocesos. Y es que, de acuerdo con la evidencia, para prevenir la violencia sexual es primordial trabajar programas educativos con niños, niñas, adolescentes e incluso jóvenes, todos adecuados a su edad, con el objetivo de modificar sus conocimientos, actitudes, habilidades y comportamiento relacionados a la sexualidad y la violencia sexual. Además, se reconoce la efectividad de intervenciones eficaces en salud (mental), así como en el ámbito comunitario (2).

Y se guarda silencio sobre la prevencion por convicción o por conveniencia. Por convicción, pues existen congresistas y voceros políticos de diversas bancadas claramente anti derechos, que no han dudado en quitarle al Estado la potestad de decidir sobre la educación, respondiendo la demanda de organizaciones conservadoras ligadas a iglesias evangélicas o católicas; y por conveniencia, pues hay quienes prefieren no enfrentarse este grupo, constituyendo su silencio un aval para los retrocesos que estamos viviendo. 

En el Perú se ha avanzado, si, pero normativamente (3). Estudios de la academia, la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo evidencian que los programas educativos relacionados a la igualdad de género, o vinculados a la educación sexual integral tienen grandes desafíos en su implementación a nivel nacional (4). Y entre muchas factores, también se debe también a este tipo de silencio que se traduce en falta de voluntad política para implementar lo aprobado.

Es por ello, que en estos momentos urge hablar de causas, urge hablar de prevención y de que hacer para que funcione. De lo contrario, dentro de 20 o 30 años, es probable que terminemos pidiendo la cárcel de los niños que están siendo violentados hoy.

NOTAS

(1), (2), la evidencia sobre el modelo causal de la violencia sexual y sobre el modelo prescriptivo están desarrolladas en el documento completo que sustentó el Programa Presupuestal para Reducir la Violencia contra la Mujer (Resolución Suprema 024-2019-EF).

(3) Programas educativos están contemplados en el Currículo escolar (Resolución Ministerial N.° 649-2016-MINEDU), en la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres (Decreto Supremo 022-2021-MIMP) y en el Programa Presupuestal para Reducir la Violencia contra la Mujer (Resolución Suprema 024-2019-EF). Guía para implementar la educación sexual integral. Recurso educativo dirigido a docentes de Educación Básica Regular (Resolución Viceministerial 169-2021-ED)

(4)Algunos estudios son: Defensoría del Pueblo (2021). Informe sobre la Supervisión de Intervenciones efectivas para la prevención del embarazo no planeado en adolescentes. Informe Defensorial 007-2021-DP. / • Motta, Angélica y otros (2017). De la Normativa a la Práctica: la Política de Educación Sexual y su Implementación en el Perú. Lima, Guttmacher Institute.