El reconocimiento de la unión civil, el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto por violación sexual son temas de agenda electoral; su apoyo u oposición abierta, así como los silencios interesados lo muestran. Se trata además de propuestas cuyo rechazo por los grupos conservadores, muy ligados a la Iglesia Católica, suele basarse en la supuesta defensa de niños y niñas.

En ese marco, es preciso saber que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas acaba de publicar sus observaciones finales sobre el informe peruano. Si, el 14 y 15 de enero pasado, mientras todos mirábamos atentos a la inscripción de las planchas presidenciales y revisábamos los planes de gobierno, el Comité de Derechos del Niño examinaba la actuación del Estado peruano respecto al reconocimiento y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Una delegación oficial liderada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos rendía cuentas antes este órgano supranacional en Ginebra. 

El Comité se ha pronunciado sobre diversos temas, todos importantes, sin embargo hay dos que consideramos relevantes en el debate electoral. En primer lugar, el Comité de Derechos del Niño expresó su preocupación por “el hecho de que el aborto sea ilegal en casos de violación o incesto” así como por “la interpretación restrictiva del aborto terapéutico” situaciones que “obligan a las niñas a recurrir al aborto inseguro en riesgo de su salud y la vida”. Es decir, el Comité reconoce que en el Perú hay violencia sexual, que ésta es perpetrada hacia niñas y adolescentes, a las que se obliga a mantener el embarazo.

Frente a ello el Comité recomendó al Estado “Despenalizar el aborto en todas las circunstancias, garantizar el acceso al aborto seguro y atención post-aborto, al menos en los casos de violación, incesto, deterioro grave del feto y en los casos de riesgo para la vida y la salud de las madres” asimismo requirió que el Estado “proporcione una orientación clara a los profesionales de la salud e información a los adolescentes sobre la atención segura y aborto y post-aborto”. Respecto a este último punto el Comité hace hincapié que “las opiniones de las niñas embarazadas siempre deben ser escuchadas y respetadas en las decisiones de aborto”.

Por otro lado, el Comité expresó su profunda preocupación por la “prevalencia de la discriminación estructural contra ciertos grupos de niños, incluidos… lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)”, así como “la ausencia de una legislación que prohíba explícitamente la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género”. Respecto a esta realidad, que muchos candidatos y candidatas no están dispuestos a ver, el Comité recomendó al Estado peruano “Prohibir explícitamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género”, ”redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación” y “velar por que los profesionales que trabajan con y para los niños, los medios de comunicación y el público en general tomen conciencia de los efectos negativos de los estereotipos y actitudes discriminatorias en el disfrute de los derechos de los niños”.

El pronunciamiento del Comité de Derechos del Niño en estos dos puntos es sumamente importante. Como se indicó, diversas personas y grupos anti derechos utilizan a los niños y niñas para legitimar la violación de derechos de las mujeres y la población LGTBI. Una utilización injustificada, ya que como observamos, afecta a los mismos niños y niñas. En este caso a las niñas y adolescentes a las que se les obliga a mantener embarazos producto de violaciones pues el aborto por violación está prohibido, así como a niños, niñas y adolescentes gays, lesbianas o trans que crecen en una sociedad que los discrimina con anuencia del Estado.

No es la primera vez que un Comité de las Naciones Unidas muestra esa preocupación por lo que pasa en el Perú; pero si es la primera vez que este Comité lo hace enfáticamente, evidenciando como el Estado, con su actitud, vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Todo candidato o candidata que se autodefina como demócrata y respetuoso de los derechos humanos, y más aquellas que están embanderando la defensa de los derechos de los niños, las niñas y las mujeres, deben pronunciarse considerando lo que este órgano supranacional ha señalado. 

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* La Convención de Derechos del Niño considera como tal a toda persona menor de 18 años.

* El Comité de Derechos Humanos está conformado por 18 expertos elegidos por la Asamblea de las Naciones Unidas y es el interprete autorizado de la Convención de Derechos del Niño. El Perú se ha sometido soberanamente a este tratado internacional y al órgano que lo supervisa.

* El informe completo se encuentra en http://acnudh.org/2016/02/comite-de-derechos-del-nino-difunde-observaciones-finales-sobre-peru/